70 aniversario del icónico edificio del Colegio
Los antecedentes
Entre 1840 y 1936 la institución, entonces el Colegio de Abogados de Puerto Rico, tuvo varias oficinas o sedes, todas localizadas en su mayoría en el Viejo San Juan. En diciembre de 1913, luego de 73 años de vida institucional ininterrumpida, el Colegio se disolvió por voluntad de su matrícula, dando lugar a que surgieran colegios de abogados en distintos distritos como el de San Juan. A partir de entonces, en cada asamblea de distrito realizada por los juristas de Puerto Rico primaba la inquietud de mejorar la profesión y la idea de que todos los juristas se agruparan en un colegio profesional creado por ley. De esas inquietudes nació la Ley Núm. 43 de 1932 que dispuso la colegiación compulsoria de los abogados en Puerto Rico.
El artículo 14 de esa ley disponía que, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su vigencia, el Presidente del Tribunal Supremo nombraría una Comisión de «Referéndum», compuesta por no menos de nueve ni más de diez y siete miembros que fueran abogados, para que se encargaran de conseguir que estos expresaran su conformidad u oposición a la idea de que se constituyera oficialmente el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Si de dicho «referéndum» resultaba aprobada la idea de la colegiación dispuesta en la ley, la Comisión de “Referéndum» se convertiría en «Comisión de Convocatoria» con autoridad para convocar una Asamblea Constituyente.
Así sucedió. El día 8 de diciembre de 1933, en el antiguo Teatro Municipal de San Juan, hoy día Teatro Tapia, se celebró la Asamblea Constituyente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. A partir de entonces, como el Colegio carecía de una sede adecuada, obtenerla se convirtió en uno de sus objetivos.
La sede del Colegio en el Capitolio
Gracias a una resolución conjunta suscrita por el presidente del Senado, Rafael Martínez Nadal y el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel García Méndez, ambos excelentes abogados, en abril de 1937, se le cedió al Colegio un espacio en el ala norte del Capitolio donde también ubicaba el Tribunal Supremo. De esa forma, en el Capitolio de Puerto Rico, tuvo el Colegio su sede por muchos años bajo la teoría de que en los planos arquitectónicos del Capitolio diseñados en 1914, se había separado un espacio para el Tribunal Supremo, y como los abogados son, en teoría y en la práctica, funcionarios del Tribunal, estaba en orden que se dispusiera de ese espacio para sus oficinas.
En la Asamblea del Colegio celebrada el 1 de septiembre de 1944, bajo la presidencia de Samuel R. Quiñones, se aprobó por unanimidad una resolución presentada por los abogados Rafael Arjona Siaca (independentista), Santos P. Amadeo (anexionista) y Rafael Rivera Zayas el (autonomista) que manifestaba la insatisfacción con el régimen colonial que vivía Puerto Rico y le exigía al gobierno de los Estados Unidos que cumpliera la obligación contraída en el Tratado de París de resolver definitivamente la situación política de Puerto Rico. La aprobación de dicha resolución provocó la ira de Harold Ickes, Secretario del Interior, quien le pidió a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico que abandonara sus facilidades u oficinas en el Capitolio. El licenciado Emilio del Toro Cuevas, quien recientemente se había retirado de su cargo de Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se opuso por escrito a la petición de sacar al Colegio del Capitolio. Gracias a esa y otras gestiones, el Colegio de Abogados se mantuvo en el Capitolio.
La compra de un buen solar
Los juristas de Puerto Rico anhelaban su propia sede, una sede amplia y moderna a la altura de un gran colegio. También sabían que era cuestión de tiempo que la Asamblea Legislativa reclamara todo el espacio del Capitolio para sí misma, echando de allí al Colegio de Abogados y al Tribunal Supremo. Fue por ello por lo que, al ser reelecto el licenciado Benicio Sánchez Castaño a la presidencia del Colegio en 1947, la prioridad de este y su Junta de Gobierno fue la obtención de un terreno céntrico para la construcción de una gran sede a la altura del Colegio de Abogados.
En 1949 Benicio Sánchez Castaño había opcionado para sí, la compra del solar y la lujosa residencia del exitoso comerciante mallorquín Don Antonio Caubet Pons, conocida como la Quinta Caubet, ubicada en la avenida Ponce de León, número 808 en Miramar, San Juan. Poco después, ante la necesidad del Colegio, Sánchez Castaño le cedió su opción o derecho de compra de dicha propiedad al Colegio. Antes fue menester que el Colegio celebrara el 18 de marzo de 1950, una Asamblea Extraordinaria en la cual se aprobara, como en efecto se hizo por unanimidad, la compra del solar y la construcción del edificio sede.
El Colegio contaba unas economías saludables gracias al buen juicio institucional bajo las presidencias de Benigno Fernández García, Mariano Acosta Velarde, Samuel R. Quiñones, Rafael Rivera Zayas, Francisco M. Susoni y Benicio Sánchez Castaño. Pero esas economías no eran suficientes. Para completar el dinero de la compra de esa magnífica propiedad, el Colegio se vio obligado a recurrir a la banca hipotecaria. Luego de muchas gestiones fracasadas, durante las cuales las compañías de seguros y los bancos sembraron en el Colegio falsas esperanzas, se puso en marcha la idea del licenciado Edwin Cortés García, Director Ejecutivo del Colegio, de vender bonos hipotecarios de pequeñas denominaciones, sin intereses, a los propios colegiados. Así se hizo con un éxito extraordinario que solo fue posible gracias a la generosidad de la inmensa mayoría de los colegiados.
Una vez que en agosto de 1951, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptó al Colegio de Abogados como ente fiador de los notarios, como lo permitía la Ley Núm. 43 de 1932, el Colegio estableció el Servicio de Fianzas Notariales. Gracias a ello se produjeron los ingresos anuales que permitieron al Colegio redimir con éxito los bonos hipotecarios emitidos para financiar la construcción de su edificio en Miramar.
El certamen de arquitectura y el diseño premiado
En abril de 1951 se celebró un certamen entre todos los arquitectos de Puerto Rico auspiciado por el Colegio de Abogados y el Tribunal Supremo para seleccionar los arquitectos que habrían de diseñar sus edificios. Para el diseño del edificio del Colegio se escogió el proyecto presentado por el arquitecto puertorriqueño René O. Ramírez. El diseño era extraordinario. El edificio de dos plantas y su sótano, está configurado volumétricamente por una torre central flanqueada por dos alas laterales simétricas. Los conocedores de la época expresaban que en el diseño Ramírez rompió de forma deliberada con el historicismo clásico para abrazar las corrientes de vanguardia de la época, manifestando una clara adherencia al racionalismo italiano. Distanciándose de la ornamentación tradicional, el arquitecto Ramírez buscó la abstracción formal mediante una composición geométrica limpia, monumental y equilibrada.
La estructura del edificio consta de tres cuerpos, de los cuales la fachada resultó ser el elemento más dramático y distintivo de la entrada principal con un enorme ventanal de cristal con forma cóncava, gesto curvo que rompe la rigidez de los bloques rectangulares y genera un juego dinámico de luces, transparencias y sombras hacia el vestíbulo principal, según se ha dicho. La torre central del complejo funciona como un elemento de anclaje visual y de comunicación. Está rotulada de manera monumental con el histórico principio de la institución, la emblemática frase «Honrando la Toga».
La planta baja cuenta con una escalinata de acceso y una serie de pilares cuadrangulares de hormigón expuesto que elevan visualmente los pisos superiores, permitiendo un espacio peatonal cubierto y ventilado en la entrada. En dicha planta está un amplio anfiteatro dispuesto para la celebración de reuniones grandes. El segundo piso incorpora ventanas de casamiento protegidas por aleros de hormigón, una respuesta funcional y típica del movimiento moderno tropical para proteger los interiores del sol directo y la lluvia.
Construcción e inauguración
Debido a múltiples inconvenientes, no fue sino hasta el 21 de junio de 1954, que celebrada la correspondiente subasta pública, se dio comienzo a la obra bajo la dirección del Ingeniero contratista Manuel Viñas Sorbá, de Santurce. Finalmente, el sábado 4 de febrero de 1956 se inauguró en horas de la tarde el amplio y moderno edificio del Colegio de Abogados, que durante años fue el sueño más atesorado por la abogacía puertorriqueña. En la mañana de ese mismo día ya se había inaugurado el nuevo edificio del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
A ambas inauguraciones comparecieron personalidades del gobierno de los Estados Unidos y de España, los presidentes del Tribunal Supremo de ambos países, destacadas figuras representativas de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico, juristas y diplomáticos de Cuba, Estados Unidos, España y Latinoamérica, entre otros. Pero fueron sin duda, Earl Warren, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y José Castán Tobeñas, presidente del Tribunal Supremo de España, las figuras más controversiales y por eso, más reseñadas por la prensa de Puerto Rico.
Reconocimiento y proyección institucional
Tras la compra del solar, el diseño y la construcción del edificio sede del Colegio hay que reconocer el esfuerzo extraordinario del arquitecto Ramírez, de Benicio Sánchez Castaño, pasado presidente del Colegio de Abogados, Félix Ochoteco, hijo (Presidente), Edwin Cortés García (Director Ejecutivo), Luis Alberto Blanco Lugo (Tesorero) y el último sobreviviente de ese extraordinario grupo que hizo posible todo esto posible, el aguadillano Héctor Reichard Zamora, quien falleció a la edad de 97 años.
En síntesis, la edificación de la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, como muy bien dijo el licenciado Edwin Cortés García en su inauguración, es: El símbolo elocuente de lo que los juristas puertorriqueños pueden lograr cuando unen sus esfuerzos en un propósito común. He ahí nuestro gran éxito, no sólo en la obra de hoy, sino en su proyección hacia el futuro del Colegio de Abogados, como institución profesional con una función social que desarrollar y un destino que cumplir. Logrado este propósito termina la segunda etapa y con ello, al inaugurarse nuestra casa, comienza la tercera etapa al proyectarnos hacia el futuro, firmes en nuestra convicción de que la suerte del Colegio de Abogados está en manos de los propios colegiados y seguros de que sólo se logrará el éxito deseado cuando los abogados de Puerto Rico, al reunirse en su domicilio a deliberar sobre sus problemas, respondan únicamente a los imperativos de su deber profesional, como grupo con una función eminentemente social que cumplir.